lunes, 22 de agosto de 2016

La desamortización de Carlos IV en Asturias

Puente de San Sebastián en Avilés


Las necesidades económicas de un Estado agotado por las guerras y por la inadecuación del sus estructuras a la economía del momento, hizo que los ministros de Carlos IV tuviesen que recurrir, a finales del siglo XVIII, a varias medidas: la emisión de deuda pública, los empréstitos y las desamortizaciones de bienes, sobre todo eclesiásticos.

En 1797 fue nombrado Secretario de Hacienda Francisco Saavedra, que creó la Caja de Amortización, a donde irían a parar todos los recursos obtenidos de la venta de bienes puestos en subasta. Amigo de Jovellanos, seguramente se impregnó de sus ideas económicas y durante la guerra de 1808 fue nombrado presidente de la Junta de Sevilla (más tarde miembro del Consejo de Regencia).

Por decreto de septiembre de 1798 se dispuso la enajenación de todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, cárceles y casas de expósitos, cofradías, obras pías y patronatos de legos. Por otro decreto se pusieron a la venta fincas de vínculos y mayorazgos, pero conservando íntegras las vinculaciones y los derechos de sus sucesores[1]; también las temporalidades de los jesuitas y, en 1799, se procedió a la redención de censos perpetuos y al quitar.

En el caso de Asturias –y para las tres poblaciones estudiadas por la autora citada- la mayoría de los bienes desamortizados fueron en Oviedo, destacando los ingresos para el Estado en 1806 provenientes de dicha ciudad: 1.899.849 reales. Entre los años 1800 y 1801 se vendieron en Gijón y Oviedo unas propiedades de hospitales, hospicios, el convento de Santo Domingo, el Colegio de los Verdes[2] y el Seminario de San José. En Avilés se enajenaron bienes entre 1800 y 1808 de la parroquia de San Nicolás, los conventos de san Francisco y de la Merced, la ermita de San Pedro del Rivero, el hospital de los Peregrinos de Pedro Solís y de la parroquia de la Magdalena de los Corros. Del hospital de Pedro Solís es del que más bienes se venden, el 80% del total. La propiedad de más alto precio es la “huerta de peregrinos”.

En Gijón la mayoría de las ventas se efectuó en 1801, recaudando el Estado 624.433 reales, de los cuales 519.705 corresponden a tierras y casas. El precio más alto correspondió a unas “casas y bienes” por valor de 235.139 reales. La mayoría de los compradores fueron vecinos de Gijón.

En Oviedo las ventas más importantes fueron del convento de Santo Domingo (206.235 reales) los colegios del Seminario de San José y de San Pedro de los Verdes (249.006 y 237.515 reales respectivamente) los hospitales de san Juan (435.788 reales) y de Santiago (374.868 reales) y el Real Hospicio (897.453 reales.). En cuanto a obras pías la cantidad mayor fue de 361.751 reales y de “Estudios y Escuelas” 251.372 reales.

En cuanto al cabildo de la catedral, era patrono de los hospitales más importantes de la ciudad (el de San Juan fundado por Alfonso VI y el de Santiago en el siglo XVI). El colegio de San Pedro de los Verdes fue fundado a finales del siglo XVI por un canónigo de la catedral para sostener a doce colegiales, pero en la época que estudia la autora aquí citada ya solo sostenía a tres. La mayor cantidad recaudada corresponde al Real Hospicio entre 1800 y 1808: la malatería de San Lázaro aportó un total de 351.952 reales, de los que la inmensa mayoría corresponden a la venta de bienes.


[1] Margarita Cuartas Rivero, “La desamortización de Carlos IV en Asturias…”.
[2] Conocido también como colegio de San Pedro.

sábado, 20 de agosto de 2016

Quinametin y toltecas.

La estela 31 de Tikal descrita en varias de sus partes


¿Quiénes fueron anteriores a los aztecas en el valle de México? Según ciertas fuentes, que no pueden probarlo, los primeros habitantes fueron los quinametin (gigantes) “cuyos cuerpos han aparecido en muchas partes de la tierra cavando por diversos lugares de ella”. En realidad, los huesos encontrados en los terrenos sedimentarios de la cuenca de México –dice Félix Jiménez Villalba- fue estimada en el siglo XVI en unos cinco metros y pertenecieron a elefantes. Pero los historiadores del siglo XVI consideraron verosímiles la existencia de aquellos pobladores gigantes que habrían construido los grandes edificios de Teotihuacán; la gran pirámide se corresponde con la época más floreciente de la cultura teotihuacana.

A los toltecas se les atribuye la mítica Tollán, que quizá sea el conjunto de las ciudades reales de Tula, Cholula y Teotihuacán. Cuando los aztecas llegaron al valle de México Teotihuacán era un montón de ruinas desde hacía muchos siglos. Jiménez Moreno[1] basándose en crónicas indígenas identifica a los habitantes de Teotihuacán con los quinametin y los nonoalcas, los teotihuacanos epigonales. La ciudad creció –a tenor de lo que demuestra la arqueología- vertiginosamente y en los siglos V y VI d. de C. podría haber tenido ciento cincuenta mil habitantes. A finales del IX había quedado reducida a una tercera parte. Su existencia abarca un período de unos novecientos años y estaba planificada de acuerdo con un patrón previo, quizá por el estricto control de los sacerdotes. Se distribuye en torno a una gran avenida que cruza el centro ceremonial de sur a norte, y cuenta con grandiosa pirámides del sol y de la luna. Los demás edificios aparecen a ambos lados de la avenida y todos ellos están orientados unos 15º al este del norte.

Socialmente quizá había castas que eran la base en la que se sustentaba todo; nobles y plebeyos, guerreros, comerciantes y artesanos. La religión ocupaba un lugar preponderante, pero Teotihuacán era una ciudad y no un centro ceremonial; téngase en cuenta que se trata de 32 km2 de urbanización. Hay pocos indicios de que se tratase de un estado militarista: no existen fortificaciones ni escenas de batallas, y las pinturas en las que se representan guerreros (pocas) son muy tardías. Pero sí hay abundancia de templos y representaciones de sacerdotes, siendo muy corrientes las escenas religiosas, de las que quizá un ejemplo sea la estela 31 de Tikal[2]. En cuanto a la posibilidad de que Teotihuacán se hubiese mantenido tantos siglos sin ejército, sería caso único en la historia, por lo que debe rechazarse.

La arqueología ha revelado trabajos en obsidiana, cerámica de gran calidad y magnificas pinturas murales, extendiéndose esta influencia a toda Mesoamérica, pero entre los siglos VII y VIII de nuestra era, la ciudad de Teotihuacán desaparece para siempre por incendios y destrucciones, como ha revelado la arqueología. La paulatina deforestación del valle pudo acarrear cambios climáticos, con el consiguiente empobrecimiento de los recursos agrícolas. Las incursiones de otros pueblos fueron cada vez más frecuentes y entonces se produjo una diáspora.

Los toltecas serían invadidos por los chichimecas y entonces la teocracia y el comercio dejaron de ser la base de la organización social. A medida que los arqueólogos han ido haciendo su trabajo ha salido a la luz que la capital de los toltecas era de segunda categoría, no obstante ser arquitectos, escultores y orfebres de primera calidad. También los expertos han barruntado que pudieron existir dos grupos étnicos distintos, los nonoalcas y los toltecas propiamente dihcos, opuestos ambos a los sacrificios humanos y quizá organizados socialmente de forma dual. Contrariamente a los teotihuacanos, la representación de guerreros indica que estos fueron los auténticos protagonistas, extendiéndose hacia Tabasco y Yucatán.

Quizá Chichén Itzá fue una capital de los toltecas y en el siglo X se produjo una escisión en Tula y el grupo perdedor fue expulsado, dirigiéndose al golfo de México primero y luego a Yucatán, donde las pruebas de la presencia tolteca son evidentes. Posiblemente fue entonces cuando llegaron los itzaes en dicho siglo y el panorama sufre un cambio radical: eran gentes de habla maya-chontal. En todo caso las águilas y jaguares esculpidos, los guerreros y otros símbolos por el estilo son típicamente toltecas.

En la “frontera” norte de estos pueblos se encontraban los chichimecas, que no eran tan primitivos como algunas fuentes han hecho creer. Practicaban, eso sí, el nomadismo en tierras más bien esteparias o desérticas, poco aptas pala agricultura, pero quizá combinaron dicho sedentarismo con algunas prácticas agrícolas. Incluso se ha podido comprobar que una estrecha franja desde el sur hasta el norte de México, había sido cultivada, atravesando las tierras que ahora están desertizadas como consecuencia de los cambios climáticos habidos.

Parece –dice Jiménez Villalba- que entre 900 y 1350 los asentamientos norteños recibieron influencias toltecas, al tiempo que un éxodo chichimeca hacia el sur, violento, trastocó las cosas. En el siglo XIII varias tribus chichimecas fueron hacia el sur y se produjo la confrontación con los toltecas, pero los chichimecas no acabaron con la cultura clásica de los toltecas, herederos a su vez de la etapa teotihuacana, sino que hubo un renacimiento hasta que, entre dicho siglo y el XV muchas tierras norteñas fuesen abandonadas. Tula fue arrasada por un gran incendio y luego sufrió un saqueo desordenado, y esta es la situación que empezaron a conocer pequeños grupos de aztecas que se internaron en el territorio.

Los aztecas, incapaces de imponerse, quizá se integraron y, poco a poco, se fueron haciendo con el poder en un mundo que ya no era el de las culturas clásicas prehispánicas. Empezarían siendo mercenarios al servicio de toltecas, chichimecas y otros grupos, hasta que consideraron el momento en el que era propicio el asalto al poder. Con los aztecas en el poder llegaron en el siglo XVI los españoles… 


[1] Citado por Félix Jiménez Villaba.
[2] Es un monumento bellamente esculpido con inscripciones en la parte posterior y en las laterales con relieves que muestran a tres individuos, uno al frente y dos a los lados. Aún cuando se han perdido unos veinte grifos, se la puede considerar bien conservada por haber sido enterrada. La parte frontal de la estela muestra a un individuo de perfil vestido lujosamente y viendo hacia la izquierda. En su traje de ven numerosos símbolos iconográficos. (Federico Fashen).  
Fuente: "La Monarquía indiana...", Félix Jiménez Villalba.

Tikal al norte, en Petén

viernes, 19 de agosto de 2016

El hijo del conquistador

Teotihuacán


Existe una gran confusión sobre si el hijo del conquistador Cortés, Martín, capitaneó o no una conspiración para hacerse rey de Nueva España, separando por lo tanto aquel vasto territorio de la monarquía española. De lo que no cabe duda es que los que fueron acusados de ello pagaron muy caro, con sus vidas incluso, aunque Martín sería perdonado por Felipe II.

Covadonga Lamar Prieto ha estudiado este asunto basándose en dos fuentes principales, pero también otras accesorias: la “Monarquía indiana” de Fray Juan de Torquemada y las “Noticias históricas de la Nueva España, de Juan Suárez de Peralta, ambos contemporáneos de los acontecimientos y ambos también escépticos sobre la conspiración. En todo caso, si dicha conspiración fuese cierta, sería la primera vez en que cierta clase dirigente criolla aspira a independizarse de España.

Lamar Prieto, por su parte[1], señala que el primer medio siglo tras la conquista de la ciudad de México fue un período crítico desde el punto de vista social y político. La monarquía española envió a jueces y pesquisidores para que reprimiesen a las grandes familias novohispanas, como hizo con los que se levantaron contra la monarquía española (Orange) por las mismas fechas.

Parece que al frente de la supuesta conspiración estuvieron dos hermanos, Alonso de Ávila y Gil González Benavides de Ávila, dos de los más acaudalados del virreinato. Si no existiese conspiración alguna, la muerte de estos y otros sería la respuesta de las autoridades españolas a los levantiscos herederos de los conquistadores de aquellas tierras. Torquemada, por su parte, vivió la mayor parte de su vida en América, pues fue llevado cuando niño, por lo que quizá el apego a la monarquía española no fuese tanto como el de los funcionarios que vivían de ella.

Martín Cortés heredó de su padre el marquesado del valle de Oaxaca, al sur de México y con costas al Pacífico. Después de viajar con su padre a la península, regresó treinta años más tarde a Nueva España y fue recibido en todas partes con gran alborozo y fiestas. ¿Concibió regresar a América para hacerse cargo del gobierno de aquellas tierras, sabedor de quien era y de los apoyos con que contaba? Lo cierto es que su llegaba parece que abrió las fisuras entre herederos de conquistadores y autoridades españolas. Los acontecimientos, fuesen conspiración o no, tuvieron lugar entre 1565 y 1568 y fue una pugna por el poder que se saldó a favor de los funcionarios reales. Algo parecido ocurrió también en Perú durante el virreinato de Antonio de Mendoza, que impuso el orden que la monarquía española exigía en aquellas tierras después de décadas de desórdenes.

Hasta tal punto han influido las obras de Torquemada y Suárez de Peralta que más adelante las víctimas de la “conspiración” serán tenidos por mártires laicos criollos. ¿Ha sido esta lucha una muestra de la “conciencia diferencial” entre funcionarios al servicio del rey y criollos de las primeras generaciones? Esto es lo que afirma Lamar Prieto, a quien sigo para este artículo. El relato de Torquemada se refiere a una “mascarada de Alonso de Ávila” en la que este, disfrazado de Moctezuma, coronó a Martín Cortés como rey de la Nueva España en una de las muchas fiestas donde, acompañados de la bebida, no parecía haber recato en que se supiese que se deseaba algo así como una monarquía diferente a la española.

Las autoridades procedieron entonces a las detenciones, se les retiraron las armas y se les encerró en las Casas Reales: “prendieron a su hermano Don Martín Cortés, y a Don Luis Cortés[2]… y a Alonso de Ávila, y a Gil González de Ávila…” y así sigue nombrando a todos los conjurados y apresados Torquemada, en realidad todas las familias importantes de la Nueva España. “Presos todos los dichos, tomáronles las Llaves de todas las Caxas, Cofres y Escritorios…”, sigue Torquemada.

[1] “La conjuración de Martín Cortés en la monarquía hispánica de Fray Juan de Torquemada.
[2] Ambos hijos, junto con el otro Martín, de Hernán Cortés.

Dos gerifaltes enfrentados

Imagen tomdada de http://www.guiadelcentrohistorico.mx/kmcero/el-centro-fondo/el-ultimo-dia-de-la-inquisicion


La Universidad de México se fundó en 1551 por cédula real y quedó bajo la autoridad de la Audiencia, pero esto no significa que gozase de medios para llevar a cabo su misión, que lo que se enseñaba fuese de la calidad requerida y que quienes enseñaban tuviesen la formación adecuada. Una serie de vicisitudes, disputas, problemas, egoísmos, se sucedieron a lo largo de los años. En realidad, si la Universidad mexicana subsistió fue por el interés de las autoridades locales.

En el año citado no había obispo en México, lo que privó al que luego vino de incidir en sus aspiraciones y derechos sobre la Universidad, y esto será un primer problema con el que tendrán que convivir profesores y alumnos. El obispo que llegó en 1554 fue el polémico y autoritario Alonso de Montúfar[1], que no tardó en nombrar rector a un sobrino y se empeñó en que la Universidad fuese más clerical de lo que había nacido. Montúfar había sido inquisidor durante más de veinte años[2] y su carácter fue tal que ni sus sobrinos escaparon del calabozo episcopal cuando lo consideró oportuno. Fue acusado de comprar minas a un hermano suyo, de robar las limosnas de la ermita de Guadalupe y de loco. A finales de 1569 comenzó su caída.

La Universidad no tenía sede propia y los sacerdotes eran escasos, ignorantes y codiciosos en su mayoría (¿a que se iba a América?). La verdadera Iglesia –dice Enrique González- eran los frailes. Así las cosas, llegan a México primero Pedro Farfán (1568) y luego Pedro Moya de Contreras (1571).

En la época los cargos eclesiásticos eran vistos como una paga: por poner un ejemplo, el inquisidor Valdés, que fue obispo durante treinta y nueve años, solo residió cuatro en sus diócesis, no habiendo visitado ni siquiera algunas. El rey, por su parte, que veía en el alto clero una ayuda estimable como juristas, les premiaba continuamente: casi todos los Consejos reales estuvieron presididos por obispos. En cuanto a Moya y Farfán, ambos fueron protegidos por un superior, sin lo cual difícilmente hubiesen prosperado en la carrera administrativa que desempeñaron. Moya fue nombrado inquisidor en 1569 para Murcia y más tarde presidió el primer auto de fe formal en Nueva España. Fue entonces cuando se ordenó como presbítero, pues hasta ese momento era un simple clérigo.

En el caso de Farfán pesaba sobre él la sospecha de descendiente de conversos, por lo que se hicieron las trampas necesarias para demostrar su “limpieza de sangre”. Fue oidor en 1568 ya en México y se han podido demostrar las muchas irregularidades jurídicas que cometió. Cuando al año siguiente llegó la fecha para elegir al nuevo rector de la Universidad, lo fue Pedro Farfán, con lo que se rompía la costumbre de designar a un canónigo de la catedral, y así fue durante unos treinta años. Farfán, contra lo ordenado por los estatutos, repitió como rector dos años después, pero dejó una Universidad más entera y organizada que cuando llegó. Es entonces cuando Moya llega a México como inquisidor.

Los conflictos entre Moya y el virrey fueron continuos, empezando por el protocolo: la vara, símbolo de la autoridad del inquisidor, debía ser tenida en alto por su alguacil incluso delante del virrey (Enríquez en ese momento) a lo que se negaba este. Algo parecido, pero con mayor calado, ocurrió en Sicilia ente el virrey Colonna y los inquisidores.

En cuanto Moya se enteró de que pesaba sobre Farfán la sospecha de descendiente de conversos, desempolvó el expediente y empezó el acoso: se trataba de que quien dirigía la Universidad, un colegial, dejase de hacerlo en favor de un clérigo inquisitorial.

En 1560 había llegado a México el canónigo maestrescuela Sancho Sánchez de Muñón, que pronto se enemistó con Montúfar, hasta que más tarde le convino amigarse con él. Parece que fue uno de los principales delatores cuando la conspiración del hijo de Cortés, Martín, sobre la que los franciscanos dijeron que no había tal y que todo fue un juego de la Inquisición para hacer valer sus poderes[3]. Muñón demostró una gran eficacia en la tramitación de cédulas reales: de venticinco, catorce fueron a favor de su persona, obteniendo 2.000 pesos de pensión anual en premio a sus servicios como delator. En México entabló excelentes relaciones con Moya, denunciando ambos que Farfán, como rector, otorgaba grados arbitrariamente, cobraba sumas excesivas en propinas, etc. Seguramente era verdad porque el virrey contestó al rey que “los gastos en comidas de grados se habían moderado”.

El rey creyó que convenía un visitador para que le informase de todas las irregularidades que llegaban a sus oídos, pero el virrey Enríquez, en 1577, decidió incumplir la orden dando largas al asunto. Pero el rey reiteró su exigencia y no quedó más remedio que acatarla, por lo que el virrey nombró para dicha misión a… Farfán. Todo bien para este salvo que poco después fue relevado de su cargo el virrey Enríquez por el conde de La Coruña, el cual dejó las cosas en manos de la Audiencia y del arzobispo, que llevó sus acusaciones hasta lo último. En 1583 escribió al rey que los oidores tenían escandalizado a todo el reino con los abusos que cometían contra los indios. En ese mismo año se designó juez, para dilucidar lo que pasaba, al propio acusador, que empezó por destituir a todos los miembros de la Audiencia, embargó precautoriamente muchos bienes, vetó la aplicación de los estatutos de Farfán y anuló grados.

Farfán fue acusado de casarse sin permiso, de encubrimiento de un cuñado delincuente, de usurpación de terrenos de indios y de decenas de fraudes; fue condenado a inhabilitación durante diez años para el cargo de oidor y a devolver tierras; luego fue rehabilitado y enviado a la Audiencia de Lima, pero no llegó a tomar posesión de ese destino. La rica heredera con quien tenía desposado a un hijo todavía impúber fue sustraída del lugar de confinamiento por el virrey Villamanrique, casándola con su cuñado…


[1] Aunque dominico tenía poco de mendicante, pero parece que se interesó en la defensa de los indígenas.
[2] Enrique González, “Dos reformadores antagónicos de la Real Universidad de México…”.
[3] Los tormentos a que fue sometido fueron de una crueldad extraordinaria.

jueves, 18 de agosto de 2016

Universitarios en la Nueva España

Universidad de México


El trabajo de Clara Inés Ramírez[1] presenta la relación entre universitarios e inquisidores en la Nueva España durante el siglo XVI. Entre ellos se fue formando una conciencia corporativa, aunque como en el caso de España no falten los conflictos entre este elite administrativa.

Parece que la Universidad mexicana fue superior a la de Lima pero lo que a la autora interesa es comprobar que los catedráticos desempeñaban otras funciones en la burocracia colonial; es decir, la Universidad formaba parte de un sistema administrativo más amplio.

Desde 1571 hasta finales del siglo XVI, la Inquisición contó con unos 207 funcionarios, de los cuales 56 tenían grado otorgado por la Universidad de México (el 27%). La Universidad formaba parte de una carrera burocrática que se había iniciado en España, como es el caso del colegial Pedro Farfan y el inquisidor Pedro Moya de Contreras, cuyo feroz enfrentamiento ha sido estudiado, entre otros, por Enrique González. Incluso muchos de estos funcionarios accedieron luego a un obispado en Indias.

Casi todos los comisarios de la Inquisición pertenecían al clero, como es el caso de Pedro de Vique, que fue cura de Izcateupa. En el caso de los familiares, en la ciudad de México durante el siglo XVI, ninguno fue universitario; en su mayoría eran peninsulares y gozaban de un amplio poder económico. Durante el siglo citado, la Inquisición novohispana tuvo diecinueve consultores, de los cuales diecisiete tenían grados universitarios. Los oidores también aparecen en la Inquisición, como los calificadores y los visitadores de libros.

Muchos habían obtenido los conocimientos teológicos para discernir un libro aceptable de otro que no lo era, en las órdenes religiosas, pero otros en la Universidad. El clero regular tenía más opciones que el secular, como es el caso de los colegios de las propias órdenes, dándose en la Universidad una oposición fuerte entre estos dos grupos. En la Inquisición los frailes fueron mayoría entre los calificadores durante todo el siglo XVI, pero ya en 1666 los inquisidores se quejan de que “hay pocos calificadores que tengan pruebas”.

En definitiva, dice Clara Inés Ramírez, la presencia de universitarios en los puestos de la burocracia inquisitorial se concentró en los auxiliares y en algunas ocasiones hubo conflictos con los cabildos de la catedral. Universitarios eran también los médicos y abogados de la Inquisición, pero parece que ninguno de los familiares fue universitario, aunque pertenecían a la elite social social y económica novohispana.


[1] “Universitarios e inquisidores”.

Pueblos de inquisidores

Portada de la iglesia de San Miguel, Mazuecos (Palencia)


Durante las primeras décadas del siglo XVII, en España, los inquisidores de Valladolid, una de las capitales administrativas más importantes, eran castellanos, como es el caso de Francisco Blanco de Salcedo (Meneses, Palencia), Alonso Jiménez de Reinoso (Mazuecos, Palencia), Juan de Ribera Morejón (Medina del Campo, Valladolid), Pedro de Vega Gasca (Tordesillas, Valladolid), Pedro Lobete (Paredes de Nava, Palencia), Juan Delgado de la Canal (San Millán de la Cogolla, Logroño), Pedro Muñoz Torres (Trasmiera, Logroño) y Juan Roco Campofrío (Alcántara, Cáceres)[1].

Para dirigir la Inquisición en un amplio territorio de España había, en el siglo citado, tres inquisidores, un fiscal, cinco notarios del secreto, un alguacil, un notario de secuestros, un alcaide, un nuncio, un portero y un receptor. La sede principal para Castilla la Vieja y territorios colindantes estaba en Valladolid y la Inquisición se tuvo que ocupar de las oleadas de judíos que huían de la misma institución portuguesa, a pesar de que el rey de España lo era al mismo tiempo del país vecino. Se fueron asentando por varios países de Europa, especialmente Holanda, donde no corrían peligro. En la actual provincia de Ávila, además, había un buen número de moriscos, hasta su expulsión desde 1609.

Los inquisidores mantuvieron varios conflictos entre ellos por cuestiones de fuero y preeminencia, pero también por asuntos tan “menores” como disponer de casa o no. Los inquisidores y fiscales debían tener, por lo menos, “órdenes sagradas”, cláusula que eliminó Felipe III en 1608, pero debían ser célibes y demostrar “limpieza de sangre”. Entre ellos se heredaban los cargos, había un clientelismo consumado y la venalidad era norma. Un caso particular fue el del inquisidor Juan Bautista de Acevedo, del que se dijo que era de baja extracción social y escasa formación; conocido por su nepotismo, fue duramente criticado pero gozó del favor del duque de Lerma, que tampoco se lució por su honestidad. Muchos de los que llegaban a Valladolid para ejercer sus funciones venían precedidos de una larga experiencia, por ejemplo, habían trabajado en Logroño, Córdoba, Murcia, Valencia o Zaragoza.

La gran peste que asoló a Castilla a finales del siglo XVI se dejó sentir en Valladolid. En julio de 1599 los inquisidores dieron cuenta de ello indicando que el tribunal debía mudarse a otro lugar y el 24 del mismo mes y año reiteran sus temores. Esta peste fue, durante algunos años, tan devastadora, que mantuvo a los estudiantes apartados de las ciudades universitarias y un inquisidor, Cortázar, debido a su avanzada edad, fue autorizado para que se retirase a la abadía de Husillos, al sur de la actual provincia de Palencia.

De Alonso Jiménez de Reinoso, natural de Mazuecos, relativamente cerca de la ciudad de Palencia, dijo Góngora que era “el mejor garañón que tiene Castilla”[2], por lo que para el autor citado debía ser un “asno” o un rijoso personaje. Cuando el tribunal tuvo que trasladarse a Medina del Campo[3], por haber sido trasladada la capital de la monarquía a Valladolid en época de Felipe III, Jiménez de Reinoso se negó a compartir estancia con el alcaide alegando que era el inquisidor más antiguo. Reinoso murió en Valladolid en octubre de 1607, año en que la enfermedad azotó de nuevo al tribunal, lo que aquel había informado en agosto anterior: algunos de los funcionarios de la Inquisición estaban enfermos de tercianas y calenturas.

Francisco Blanco de Salcedo había nacido en Meneses de Campos[4] (Palencia), siendo inquisidor en Murcia y Sevilla. En Valladolid fue apartado de su cargo de inquisidor por ordenar el traslado de varios presos enfermos desde las cárceles a hospitales o a sus residencias particulares, e igual pasó a Roco Campofrío. Según Sáenz Berceo, raramente se recurría a soluciones tan drásticas: el inquisidor de Cerdeña fue destituido y confinado en un convento por graves irregularidades en 1568. Quizá Reinoso había sido trasladado de Córdoba a Valladolid como consecuencia de graves acusaciones en 1597, sobre todo en lo referente a su vida disoluta y su amancebamiento con una dama granadina[5].

Los casos más significativos de acusación contra inquisidores son: el retraso en las tramitaciones, lo que provocaba que los presos “sufrieran mucho”; el abuso de autoridad; parcialidad en las causas; servirse de criados y lacayos moriscos, confesos, etc. con parientes presos; irregularidades en los autos de fe; en la administración de los bienes; convivencia con mujeres…

Roco y Reinoso alegaron ante sus superiores en defensa de su honra, y diciendo que en otras ocasiones “se hallaran frayles, monjas y otras personas que estando presas en las carzeles secretas desta inquisición las an sacado dellas y llevado a curar a sus conventos y muertose en ellos y a las demas a casas particulares y a hospitales…” (sic).

Pedro Lobete era de Paredes de Nava (Palencia) y cuando llega a Valladolid como inquisidor la enfermedad sigue haciendo mella: en mayo de 1607 los inquisidores informan de la muerte del procurador del fisco y están vacantes los puestos de alguacil y notario del secuestro. Hasta tal punto la desgracia se cebaba en Valladolid que el tribunal decidió dar al barbero una gratificación de cien reales, además de su sueldo, por el exceso de trabajo en sangrías. Cuando muere Lobete los otros inquisidores sugieren que no se cubra su plaza, pues las rentas no lo permiten, lo que es aceptado por la Suprema. Pero quizá una de las razones sea la antigüedad en el cargo (podía ser destinado alguien más veterano) lo que está demostrado era motivo de múltiples enfrentamientos entre los inquisidores.

Cuando muere el rey Felipe III, en 1621, los inquisidores de Valladolid Juan Delgado de la Canal, Juan de Ribera Morejón y Pedro Muñoz Torres reciben “diez varas de veinte y dozeno” como lutos por el rey. El primero era de San Millán de la Cogolla, por lo tanto fuera y lejos de la Tierra de Campos palentina, e igualmente el tercero, que era de Trasmiera, pero de nuevo volvemos al núcleo castellano con el segundo, que era de Medina del Campo


[1] María del Carmen Sáenz Berceo, “Los inquisidores del Tribunal de Valladolid durante el reinado de Felipe III”. 1999.
[2] http://autillodecampos.blogspot.com.es/2013/09/el-inquisidor-alonso-jimenez-de-reinoso.html
[3] El obispo de Palencia, Martín de Aspe, se opuso a que el Tribunal se instalase en dicha ciudad, concretamente en el hospital de San Antolín.
[4] Al oeste de la ciudad de Palencia.
[5] Ver nota 1.

jueves, 11 de agosto de 2016

España y los papas

Pio IX recibe a los expedicionarios españoles en Gaeta 


La implantación del liberalismo en España no contó con la aprobación de los papas, pero las tiranteces entre la monarquía española y los papas habían existido ya con anterioridad; no porque dicha monarquía faltase a la fe católica, sino porque no siempre satisfizo las aspiraciones materiales de la Iglesia.

Gregorio XVI, que asistió al desarrollo de la guerra civil española de 1833 y luego al liberalismo borbónico y esparterista, no pasó ni una al régimen español y no lo reconoció, por lo que los gobiernos de la década moderada se esforzaron para que un país de católicos fuese reconocido por los papas, pero esto solo será posible con el siguiente, Pío IX, que firmó un Concordato muy beneficioso para la Iglesia en 1851. Vicente Cárcel Ortí señala que la política papal estuvo condicionada por la posición respecto del liberalismo del imperio austríaco, además de por Rusia y Prusia. El primer imperio citado garantizaba las posesiones territoriales de la Iglesia en Italia en momentos en que los deseos de unificación habían comenzado. Por otra parte las cortes de Turín y Nápoles habían reconocido al pretendiente Carlos de Borbón a la corona de España. Por ello España no reconoció al nuevo nuncio, Luigi Amat y se desencadenó una campaña anticlerical que tuvo manifestaciones violentas en varios lugares de España, llegando al asesinato de frailes en Madrid. El embajador en el Vaticano, Pedro Gómez Labrador, fue cesado.

Vicente Cárcel Ortí considera que la ruptura fue unilateral por parte de la Iglesia (1). La guerra en España, las desamortizaciones de bienes del clero y la restauración de la Constitución de Cádiz en 1936 favorecieron este rompimiento, en el que tuvo un papel destacado el Secretario de Estado Lambruschini, que veía en el gobierno de Madrid el influjo de las sociedades secretas. Durante la regencia de Espartero se decretó la suspensión del Tribunal de la Rota, el destierro del obispo de Canarias y la deposición de muchos párrocos en Granada, A Coruña y Ciudad Real. La nunciatura fue cerrada a finales de 1840 y uno de sus funcionarios expulsado de España.

El papa Gregorio XVI condenó, en 1841, la “violación manifiesta de la jurisdicción sagrada y apostólica, ejercida sin contradicción en España desde los primeros siglos”. Entonces se llegó, por parte del gobierno español, a un intento de ruptura con Roma para formar una “Iglesia española cismática”, dado que la influencia inglesa fue notable durante la regencia esparterista. Las sedes vacantes empezaron a aumentar y el gobierno no satisfizo los haberes del clero. Los intentos de restaurar las relaciones entre Estado e Iglesia chocaron con la negativa del papa, que también mantenía conflictos abiertos con los gobiernos inglés y prusiano. En 1841 el moderado Joaquín Francisco Pacheco pidió en las Cortes la apertura de negociaciones con Roma, pero Espartero decidió seguir con la desamortización de bienes del clero, ahora secular, independientemente de aprobarse una ley de dotación del culto y clero. El pronunciamiento militar de 1843, de signo moderado, acabaría cambiando las cosas.

El gobierno presidido por González Bravo autorizó el regreso de los obispos exiliados o huidos y la reapertura del Tribunal de la Rota, pero ello no fue suficiente para que el papa variase su conducta, que exigió de España la suspensión de la venta de bienes eclesiásticos y que el clero no estuviese obligado a jurar la Constitución de 1837. Poco después el gobierno decidió la suspensión de los bienes del clero secular, de forma que volvieron a propiedad de la Iglesia los que no se habían vendido, pero nada se dijo sobre los del clero regular. Esto hizo que en 1845 La Iglesia reconociese al régimen de Isabel II por medio de un acuerdo negociado entre aquella y el representante del Estado, Castillo y Ayensa, renovándose todos los acuerdos anteriores a la muerte de Fernando VII, pero el gobierno no ratificó tal acuerdo, debiendo esperarse al año 1847.

La elección de Pío IX como papa coincidió con una amplia amnistía concedida por el gobierno español, que permitió la vuelta a España de muchos liberales y en 1847 llegó a España el representante pontificio Brunelli, pero el gobierno presidido por García Goyena no facilitó las cosas al ordenarse de nuevo la venta de bienes eclesiásticos. La vuelta de Narváez el gobierno sí que puso los medios para llegar a acuerdos con el Vaticano, mientras Austria, Prusia y Nápoles habían reconocido a Isabel II. El nuncio Brunelli negoció un concordato que seria aprobado en 1851, aprovechando la llegada al gobierno de Bravo Murillo, la derecha del moderantismo español. Pero el concordato, de cuarenta y seis artículos, no reconcilió del todo a la Iglesia con el Estado, a pesar de las ventajas que se reconocieron a aquella: la unidad católica de España quedó afirmada con gran escándalo de los liberales progresistas, demócratas y republicanos; la enseñanza de la doctrina católica debería impartirse en todas las universidades, colegios, seminarios y escuelas de cualquier clase, bajo la vigilancia de los obispos. Se renovó el patronato regio y se reconocieron las desamortizaciones como irreversibles.

Durante el bienio progresista, la reina se negó a firmar una nueva ley desamortizadora por la intervención de monseñor Franchi, encargado de negocios del Vaticano, pero ante la presión del gobierno la reina terminó firmando la ley. El gobierno adoptó medidas persecutorias y restrictivas contra los obispos y eclesiásticos que mayor oposición demostraban al régimen y desterró a sor Patrocinio, acusada de intrigas palaciegas. Las repercusiones de la nueva ley para la Iglesia fueron enormes y esta ordenó el retiro de su representante, quedando la nunciatura cerrada hasta la llegada de monseñor Simeoni en 1857. En embajador Pacheco abandonó Roma. A diferencia de la de Mendizábal, la desamortización de Madoz no fue violenta. Con el cambio de gobierno en 1856 la normalidad entre la Iglesia y España se impuso, dándose nuevos favores, privilegios y exenciones para aquella.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Gallegos Rocafull contra el cardenal Gomá

Fotografia del Heraldo de Madrid
Nacido en 1895 en Cádiz, tras la muerte de su padre, José Manuel Gallegos Rocafull marchó con su madre a Marchena, donde pudo comprobar las condiciones en que vivían los campesinos. Estudió en Sevilla y, en 1911, ingresó en el seminario de dicha ciudad para el sacerdocio, aunque ese mismo año se trasladaría al de Madrid para empezar su presbiterado en 1918. En 1920 era Licenciado en Teología por Toledo y más tarde doctor en Sevilla. En ese mismo año obtuvo por oposición una canonjía en la catedral de Córdoba.

Su labor se centró en labores sociales dentro de la política seguida por la Iglesia desde el pontificado de León XIII, participando en la construcción de casas baratas para obreros. En 1931 concurrió en la candidatura de Acción Nacional, pero sin obtener escaño. Ante la guerra, junto con otros colaboradores, publicó el folleto titulado “Palabras cristianas”, de tono muy diferente a los de la jerarquía católica (1). Después, el ministro Álvarez el Vayo le pidió, junto al sacerdote Leocadio Lobo, que asistieran en Bruselas a un congreso de católicos antifascistas. El cardenal Gomá, entones, le desautorizó porque “está haciendo una labor deplorabilísima contra el Movimiento y contra España”. En 1937 Gallegos estaba en París y allí recibió la noticia de que le eran retiradas las licencias ministeriales y fue suspendido “a divinis”, mientras Gomá denunciaba “la campaña contra Franco de algunos católicos”. Desde Francia, Gallegos optó por colaborar con el gobierno republicano, pero sobre todo será protagonista de una respuesta contundente a la carta colectiva del episcopado español, en 1937, en apoyo del general Franco. Gallegos encontró apoyo en personalidades como Vidal i Barraquer, Maritain, Marcel Bataillon y colaboró con un comité para la paz creado por otro católico, Alfredo Mendizábal.

En 1950 salió para México, donde se le permitió ejercer el sacerdocio y donde editará unas “Obras Completas” de Juan de la Cruz. También publicó “El pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII, muriendo en 1963 cuando se encontraba en la Universidad de Guadalajara dando una conferencia.

En 1937, como réplica a la carta carta de los obispos, Gallegos decía: “¿Es que no se han enterado de las matanzas de Badajoz y Málaga, de los fusilamientos de Sevilla y Valladolid, de la destrucción de Durango y Guernica?” Para continuar: “¿Es que pueden en conciencia afirmar que no ha habido millares y millares de fusilamientos sin proceso de ninguna clase?... ¿No les dice nada el pánico con que la población civil huye de los pueblos antes de que lleguen los moros y los legionarios?”. En 1958, refiriéndose al andaluz que conoció y con el que se solidarizó, escribió: “Vive como va a los toros, no a divertirse, como el desgraciado del cuento, sino a concentrarse en su lucha”.


(1)  José Luis Casas Sánchez, “Un canónigo andaluz frente al cardenal Gomá”. 

Una autoridad venal en el siglo XVI

Podríamos hablar de cientos o de miles, en un siglo o en otro, en cualquier país. El ejercicio del poder público ha estado mezclado, frecuentemente, con abusos y enriquecimientos a favor de los titulares de la autoridad.

Durante el reinado de Felipe II de España fue virrey de Sicilia Marco Antonio Colonna, que tuvo que vérselas con las autoridades inquisitoriales en la isla, así como con otras en la Corte de Madrid, con cierta nobleza que en ocasiones constituyó su clientela y en otras su oposición. En 1578 –según un estudio de Manuel Rivero Rodríguez (1)- comenzó a ser visible el distanciamiento entre el virrey y quienes habían sido sus valedores en la Corte. Colonna parecía mostrar poco interés por los beneficios y prebendas que pudieran obtener sus amigos en Sicilia, lo que llevaría a la oposición de estos. El duque de Medina de Rioseco se enfadó con el virrey porque este le había prometido unas rentas del ducado pero fueron para un familiar de este, Pompeo Colonna. La ruptura con el secretario real, Mateo Vázquez, vino porque las rentas de la abadía del Parco, que este ambicionaba, fueron concedidas a un hijo del virrey.

Aquello funcionaba según las alianzas y enemistades que se producían según los intereses personales de cada uno de los nobles y/o funcionarios del rey, tanto en España como en Sicilia y los otros virreinatos de la época. La Corte española –dice Manuel Rivero- estaba altamente desarrollada en la técnica administrativa, pero convivía con formas de articulación del poder básicamente patrimoniales. Los ministros y servidores de Felipe II actuaban como filtro entre él y la realidad en un nivel muy cercano al valimiento. Así lo manifestó el cronista Carvajal: “no sabía ni entendía nada el Rey, porque todo se lo decían de otra manera de cómo pasaba”.

El sistema –dice Manuel Rivero- favorecía la formación de facciones en las que se mezclaban los intereses privados con los negocios oficiales. Los nobles, virreyes, inquisidores y corporaciones de Sicilia mantenían agentes en Madrid que velaban por los intereses de unos y otros. El virrey Colonna mantuvo un largo contencioso con las autoridades de la Inquisición: “Los inquisidores de España son temidos y respetados… por el favor y poder que V. M. les da con la jurisdicción temporal, de lo que se deduce que si falta la una falta la otra” (la espiritual).

La muerte por envenenamiento del marqués de Giuliana en 1579 llevaron las sospechas sobre la autoría a su esposa, hermana del duque de Terranova (Carlo d’Aragona) y Colonna empezó una investigación que terminaría en nada. D’Aragona utilizó toda su influencia ante el virrey Colonna para que el crimen quedase sin castigo, pero este continuó adelante con la investigación, lo que colocó al duque de Terranova, en adelante, contra el virrey, por lo que este decidió el traslado del duque a España (era comandante de las galeras del reino de Sicilia). Pompeo Colonna, primo del virrey, aprovechó entonces para hacer negocio y cargó tanto las naves con mercancías de contrabando que naufragaron cerca de Nápoles, pero el virrey obstaculizó todo intento de acción penal contra Pompeo.

En los interrogatorios de una visita realizada por funcionarios reales a Sicilia, se puso de manifiesto una reiterada protección del virrey a los miembros de su familia y a su clientela, y aún el propio Colonna utilizó su cargo público para favorecer sus actividades privadas e incluso para delinquir a su amparo.

El barón de Scaletta fue indultado (había sido condenado por sodomía) por influencia de la hermana del virrey, y Vicenzo de Espuches, negociante con los litigantes, tenía el apoyo de Gerónima Colonna a cambio de dinero. Colaboradores del virrey como Gambacurta, presidente de la Sacra Conciencia, y Cifontes, presidente de la Gran Corte, también participaron en asuntos similares. Los miembros del Tribunal del Patrimonio contrabandeaban con tal impunidad que se sospechó se habían cohechado tribunal y virrey en estos negocios. La práctica del gobierno de Colonna fue similar a la de sus predecesores y eran admitidas como algo inherente al ejercicio del poder.

En realidad la nobleza, o parte de ella, tenía hábitos delictivos arraigados: en 1579 la Gran Corte instruyó diligencias contra el conde de Homiso, Gaspar de Naselis, por perpetrar asaltos, saqueos y secuestros para pedir rescate en las tierras de Homiso, Ragossa, Scilli y en el condado de Módica, entendiéndose que se podía emprender una acción judicial en su contra porque como señor de vasallos era oficial Real. También el conde de Assaro fue procesado y condenado en 1581 por delitos cometidos en tanto que barón, es decir, oficial del Rey. Igual el barón de Milistello en 1582 y Martín Timpanaro, barón de Casteluzzo, condenado por encontrársele bandido.


(1)  “Corte y ‘Poderes provinciales’: el virrey Colonna y el conflicto con los Inquisidores de Sicilia”, Cuadernos de Historia Moderna, número 14, Madrid, 1993.